La administración estatal de Tlaxcala, encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse las cifras invertidas en seguridad perimetral durante las movilizaciones del 8 de marzo. De acuerdo con datos oficiales, el gobierno estatal destinó la cantidad de 3 millones 953 mil 280 pesos para la adquisición de 213 vallas denominadas “antimotines de alto impacto”. Este gasto implica que cada estructura metálica tuvo un costo aproximado de 16 mil pesos, una cifra que ha despertado críticas ante las carencias en otras áreas de atención ciudadana.
A pesar de esta millonaria inversión para blindar los edificios gubernamentales, la mandataria estatal ha expresado públicamente su descontento por las intervenciones realizadas por los colectivos feministas durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, calificando las acciones de iconoclasia como un gasto innecesario para el erario.
La contradicción entre el gasto y la protesta
Tras la movilización del 8M, donde miles de mujeres utilizaron las vallas metálicas —instaladas originalmente para “proteger” el Palacio de Gobierno— como un tendedero de denuncias, la situación se tensó. Estas estructuras terminaron repletas de nombres y fotografías de presuntos violentadores, entre los que se incluyeron señalamientos directos contra funcionarios del actual gabinete estatal.
Ante esto, Cuéllar Cisneros lamentó en una entrevista reciente para el medio Tlaxcala Digital que las manifestantes expresaran su inconformidad a través de la iconoclasia, término que ella simplificó como “pintas”. La jefa del Ejecutivo argumentó que los recursos que ahora se deberán destinar para la limpieza y restauración de los monumentos y espacios públicos intervenidos, podrían haber sido utilizados para programas de apoyo directo.
“Lamentablemente, a razón de las pintas, ese dinero no llegará a beneficiar a nadie”, aseguró la ex priísta hoy militante de MORENA, condicionando el presupuesto de atención a las mujeres a la preservación estética de los edificios gubernamentales.
“Lorena no es aliada, es privilegiada”
Uno de los momentos más álgidos de la jornada de protesta fue la consigna “Lorena no es aliada, es privilegiada”, la cual resonó frente a los muros del palacio. Al ser cuestionada sobre su postura ante este reclamo directo de las colectivas, la Jefa del Ejecutivo local optó por evadir el fondo de la crítica sistémica.
En su respuesta, se limitó a señalar que su mandato se ha caracterizado por la inclusión de miles de mujeres tanto en la nómina gubernamental como en diversos programas sociales. No obstante, para las activistas, la entrega de apoyos asistencialistas no compensa la falta de justicia en casos de violencia de género y la inversión de casi 4 millones de pesos en vallas metálicas para contener la protesta social.
La deuda pendiente con las mujeres en Tlaxcala
El conflicto evidencia una brecha significativa entre la narrativa gubernamental de apoyo a la mujer y la realidad que enfrentan los colectivos en las calles. Mientras el gobierno estatal prioriza la compra de equipo táctico y de contención, las mujeres de Tlaxcala continúan exigiendo que el Palacio de Gobierno deje de ser un recinto blindado para convertirse en un espacio de escucha y solución ante la ola de violencia que atraviesa la entidad.
La iconoclasia, lejos de ser un simple acto de vandalismo como sugiere la administración, es el resultado de un sistema que, a ojos de las manifestantes, invierte más en metal para proteger paredes que en mecanismos efectivos para proteger vidas.