Secretaría de las Mujeres reconoce a 108 agresores y deudores dentro del servicio público.
En un ejercicio de transparencia que ha generado diversas reacciones en la opinión pública, el Gobierno del Estado de Tlaxcala admitió formalmente que al menos 108 personas vinculadas a la administración estatal han sido señaladas como deudores alimentarios o agresores. La información fue confirmada por Nydia Cano Rodríguez, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET).
De acuerdo con la funcionaria, este grupo de trabajadores incluye tanto a personal sindicalizado como a empleados temporales distribuidos en distintas dependencias del Ejecutivo. Hasta el momento, se ha informado que en 29 de estos casos ya se ejecutan descuentos directos vía nómina para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias dictadas por las autoridades correspondientes.
Continuidad laboral para garantizar el pago
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la política de retención laboral que mantiene el gobierno frente a estos perfiles. Nydia Cano Rodríguez explicó que, desde la Secretaría de las Mujeres, se ha optado por fomentar que los trabajadores conserven su empleo, bajo la premisa de que esto asegura el flujo de recursos para las familias afectadas.
“Siempre les digo que conserven su trabajo para que se les haga el descuento vía nómina”, expresó la funcionaria.
Bajo este esquema, no se han reportado bajas laborales ni sanciones administrativas adicionales derivadas de estos señalamientos. Los trabajadores continúan desempeñando sus funciones dentro de la estructura gubernamental mientras se da cumplimiento a las resoluciones legales mediante las retenciones salariales.
El origen de los señalamientos: Tendederos del 8M
La titular de la SMET detalló que una parte importante de estos perfiles fueron identificados gracias a las acciones de colectivos y ciudadanas durante el pasado 8 de marzo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se colocaron “tendederos” de deudores alimentarios y agresores donde se exhibieron públicamente nombres de presuntos responsables.
Tras estas manifestaciones, la dependencia inició una revisión minuciosa para cruzar la información expuesta con las bases de datos del servicio público. El objetivo es determinar con precisión quiénes pertenecen al sector privado y quiénes forman parte de la administración estatal para integrar un compendio que permita el seguimiento institucional.
Intervención de la Oficialía Mayor y la Segob
Nydia Cano añadió que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha otorgado la autorización necesaria para que, una vez confirmado que un denunciado es trabajador del estado, se solicite la intervención inmediata de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) y de la Secretaría de Gobierno (Segob).
Estas instancias son las encargadas de revisar cada caso de manera particular. Con este reconocimiento, el propio gobierno estatal admite que personas con este tipo de antecedentes siguen laborando en sus filas, mientras las autoridades buscan perfeccionar los mecanismos administrativos para dar respuesta a las demandas de justicia social y familiar en Tlaxcala.