Polémica declaración de ministra de la SCJN pone en duda la identidad de nacidos por reproducción asistida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió en el escenario de un intenso debate que ha trascendido los pasillos judiciales para encender las redes sociales y la opinión pública. La ministra María Estela Ríos González generó una ola de desconcierto y críticas tras afirmar, durante una sesión del Pleno, que podría estimarse que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida, específicamente in vitro, no forman parte de la familia.
Este pronunciamiento ocurrió en el contexto de una discusión técnica sobre la especialización de la justicia para las mujeres en el estado de Chihuahua, pero la naturaleza de sus palabras ha desviado la atención hacia conceptos fundamentales de identidad y derechos humanos en el México contemporáneo.
El origen de la controversia: La Fiscalía Especializada de Chihuahua
El Pleno de la Corte analizaba un proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García. El fondo del asunto se remonta a finales de 2021, cuando el Congreso de Chihuahua aprobó reformas para que la Fiscalía Especializada dedicada a atender a mujeres víctimas de violencia por razón de género extendiera su competencia para atender también a “la familia” en general.
El proyecto del ministro Guerrero García buscaba invalidar estas reformas, argumentando que la inclusión del concepto general de “familia” en una instancia especializada para mujeres representaba un retroceso. El razonamiento es claro: las mujeres víctimas de violencia de género requieren una atención exclusiva y especializada que no se diluya en la atención de otros conflictos familiares que, si bien son importantes, responden a dinámicas distintas.
Sin embargo, la ministra María Estela Ríos se manifestó firmemente en contra del proyecto. Según su postura, fortalecer la atención a la violencia familiar beneficia directamente a las mujeres, quienes son las principales víctimas de estas agresiones. “Niños, niñas y adolescentes son víctimas colaterales frecuentes de la violencia de pareja”, expresó, defendiendo un diseño integrado de justicia.
La frase que sacudió al Pleno: El estigma del nacimiento in vitro
Fue durante la argumentación de su voto en contra cuando la ministra Ríos González lanzó el comentario que ha sido calificado por diversos sectores como discriminatorio y fuera de lugar. Al intentar explicar que mujeres y hombres están intrínsecamente ligados al ámbito familiar, señaló:
“Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.
Esta aseveración provocó reacciones inmediatas de asombro. En un mundo donde la ciencia y la reproducción asistida han permitido a miles de personas formar hogares y ejercer su derecho a la autonomía reproductiva, el comentario de la ministra parece ignorar los criterios de filiación jurídica y biológica que la propia Corte ha defendido en años recientes. Para muchos, sugerir que el método de concepción determina la pertenencia a un núcleo familiar no solo es jurídicamente erróneo, sino que atenta contra la dignidad de miles de personas.
Justicia para las mujeres: ¿Individual o familiar?
Más allá de la desafortunada frase sobre la reproducción in vitro, el debate de fondo en la SCJN reveló dos visiones sobre la justicia de género. Por un lado, la visión del ministro ponente que busca proteger la especificidad de la violencia de género, evitando que se confunda con la violencia doméstica general. Por otro, la visión de la ministra Ríos, quien pidió que la protección no se reduzca al ámbito individual, argumentando que la agresión suele ocurrir precisamente dentro del entorno familiar.
“La violencia y los estereotipos se van a dar con independencia de si está o no dentro de la familia”, resaltó la ministra, defendiendo que la Fiscalía Especializada mantuviera sus facultades para intervenir en el núcleo familiar completo.
El desenlace: Una norma que permanece vigente
Pese a los argumentos presentados para invalidar la reforma de Chihuahua y devolverle la exclusividad a la atención de mujeres, el proyecto del ministro Guerrero García no alcanzó los votos mínimos necesarios. Solo fue avalado por el propio ponente, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Como consecuencia de esta votación, la Fiscalía Especializada en Chihuahua mantendrá su facultad legal para atender a las familias de manera integral. No obstante, el legado de esta sesión quedará marcado por la polémica declaración de María Estela Ríos, dejando en el aire una pregunta preocupante sobre la percepción de los nuevos modelos de familia y los derechos de quienes nacen gracias a los avances de la medicina moderna.