Exponen presunto nepotismo en Tlaxcala: La red de familiares en la administración de Lorena Cuéllar.
La administración estatal de Tlaxcala, encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, atraviesa actualmente uno de sus momentos más críticos en términos de legitimidad y percepción pública. La difusión de una investigación periodística por parte de la plataforma LatinUs ha colocado al gobierno estatal en el epicentro de un debate nacional, señalando la existencia de lo que se ha denominado el “Clan Cuéllar”. Este reporte expone una presunta estructura de poder que habría institucionalizado el nepotismo mediante la asignación de cargos estratégicos a familiares y allegados.
De acuerdo con el informe presentado por el periodista Carlos Loret de Mola, la influencia de la familia de la mandataria morenista se concentra de manera inquietante en áreas sensibles como la asistencia social y el desarrollo estatal. El cuestionamiento principal radica en cómo estos nombramientos afectan la transparencia y la equidad en el uso del erario.
El manejo de mil 200 millones de pesos bajo la lupa
Uno de los datos más contundentes de la investigación se refiere a las hijas de la gobernadora, Mariana y María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar. Ambas presiden organismos estatales que, si bien son de carácter honorífico, tienen la facultad de gestionar y supervisar un presupuesto conjunto que supera los mil 200 millones de pesos.
Este manejo de recursos ha desatado una ola de críticas, especialmente al contrastarse con los presupuestos asignados a otras dependencias. El “Clan Cuéllar” y el escándalo de nepotismo en Tlaxcala se agudiza cuando se observa que áreas críticas, como la Secretaría de las Mujeres, operan con recursos significativamente menores. Esta disparidad ha llevado a diversos sectores de la sociedad a cuestionar si las prioridades de gasto del Ejecutivo estatal están alineadas con las necesidades de la población o con el fortalecimiento de un círculo familiar.
Nombramientos estratégicos y reformas “a modo”
La investigación detalla que la red de influencias trasciende a los hijos de la mandataria. Se menciona la incorporación de Fabricio Mena, cuñado de la gobernadora, en la Secretaría de Turismo, así como la entrega de una notaría a su yerno en los inicios de la administración. Sin embargo, el caso que ha generado mayor fricción con la oposición es el de Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno y ahijado de Cuéllar.
Para facilitar la llegada de Ramírez Hernández a la política interna del estado, el Congreso local —con mayoría afín al Ejecutivo— realizó reformas constitucionales en octubre de 2023. Estas modificaciones redujeron los requisitos de residencia y origen, lo que fue calificado como una “legislación a modo”. Este movimiento legislativo es un pilar fundamental para entender El “Clan Cuéllar” y el escándalo de nepotismo en Tlaxcala, pues evidencia una coordinación institucional para favorecer perfiles específicos cercanos a la gobernadora.
Transparencia, opulencia y seguridad: Las otras grietas
Más allá del nepotismo, la administración estatal enfrenta otros frentes abiertos. Auditorías recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han detectado montos por aclarar que ascienden a cientos de millones de pesos. A esto se suma la crítica por la adquisición de una flota de vehículos blindados de lujo, un acto percibido como de opulencia que choca directamente con los principios de austeridad republicana que pregona su propio partido.
En materia de seguridad, la situación no es menos compleja. Colectivos sociales han denunciado una brecha alarmante entre las cifras oficiales de feminicidios y la realidad documentada en la entidad. Esta falta de concordancia en los datos de violencia de género profundiza la Crisis política en Tlaxcala: El “Clan Cuéllar” y el escándalo de nepotismo de mil 200 mdp, restando credibilidad a las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Un desafío a los lineamientos nacionales
La situación en Tlaxcala representa ahora un desafío directo a la postura de la presidencia de la República y a los estatutos de Morena, que prohíben estrictamente el nepotismo en la función pública. Mientras la administración de Lorena Cuéllar defiende su gestión, la presión estatal y nacional crece. La gobernadora se encuentra en una posición de vulnerabilidad política, obligada a justificar la presencia de su árbol genealógico en las decisiones financieras y operativas más relevantes del estado de Tlaxcala.